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WhatsApp: el número de teléfono es consumidor, no operador

La controversia sobre WhatsApp y otros servicios definidos por la Ley General de Telecomunicaciones genéricamente titulada “Over the Top” (OTT) parece estar lejos de terminar. La reciente declaración de Vivo de que Anatel “necesita salir de la zona de confort” demuestra un tono de insatisfacción con la Agencia, que en mi opinión se ha posicionado correctamente en el entendimiento de que las aplicaciones de teléfonos inteligentes (WhatsApp, Skype, Viber entre otros) se consideran servicios de valor agregado y, por lo tanto, Anatel no se encarga de interferir con el asunto.

Otra declaración del liderazgo de Vivo, como lo veo sofisticadamente, trata el tema técnico y financiero, se refiere a los honorarios de Fistel. Vivo afirma que “posee” el plan de numeración y paga las tarifas de Fistel en todos sus números activos (lo cual es cierto), asumiendo como resultado prerrogativas absolutas sobre el uso, disfrute y disfrute del derecho adquirido sobre el plan de numeración. en virtud de la concesión de un servicio público de telecomunicaciones, del cual es concesionario.

Pues bien. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, el plan de numeración puede interpretarse como un mero instrumento de acceso al servicio de telefonía móvil, siguiendo incluso estándares internacionales, en el caso de llamadas telefónicas internacionales, cuya metodología está definida por la UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones En este contexto, el número no pertenece a la compañía telefónica, por lo que se garantiza al consumidor la portabilidad del número a cualquier operador en cualquier momento. También entiendo que al pagar el plan de datos del operador, el consumidor tiene derecho a usar las aplicaciones que elija. Este es el caso en todos los países del mundo, ¿por qué en Brasil sería diferente?

En cuanto a la naturaleza de las tarifas de Fistel, estas están destinadas a financiar la actividad de inspección de Anatel en equipos y torres de telecomunicaciones que permiten la operación del sistema de telefonía móvil en el territorio nacional. Son: tarifa de inspección de instalación y tarifa de inspección de funcionamiento, ambas reguladas por la ley federal. Su pago, por lo tanto, es parte de la universalidad de las obligaciones adquiridas a través de la concesión de un servicio público, que son pagadas indirectamente por el consumidor, así como por Fust, Funttel, ICMS, entre otros. Por lo tanto, está claro que la naturaleza del impuesto está separada del supuesto derecho de “propiedad” del Plan de Numeración. Por cierto, dar lugar a esta comprensión implica en parte revocar la prerrogativa de la portabilidad, que trajo tantos beneficios para el consumidor de telefonía móvil, lo que sería un gran revés.

Finalmente, algunos de los operadores nacionales (Claro y Tim, por ejemplo) ven a WhatsApp y las redes sociales como una oportunidad para expandir su base de clientes, y con ese fin han estado ofreciendo paquetes especiales de datos de franquicia gratuitos para estas aplicaciones. Ahora, si los OTT estimulan la competencia entre los operadores, ¿por qué debería intervenir Anatel? Nada mejor para el caso que aplicar el laissez faire (la expresión simbólica del liberalismo económico, en la versión más pura del capitalismo de que el mercado debe funcionar libremente), deje que el mercado se ajuste. Intervenir lo menos posible en el mercado es regular de acuerdo con las mejores prácticas de las mejores agencias de telecomunicaciones del mundo.

A la luz de lo anterior, debe recordarse que el uso cada vez mayor de datos por parte de los usuarios de teléfonos móviles ha causado recientemente una reacción violenta de los operadores que ahora han bloqueado los paquetes de datos (anteriormente solo se ralentizaban), lo que obligó a los consumidores a migrar a paquetes más caros. En otras palabras, desde un punto de vista económico, los operadores han “reajustado” indirectamente sus tarifas.

En resumen, Anatel en el presente caso ha actuado de acuerdo con el principio de legalidad, libre competencia y, oblicuamente, de acuerdo con los principios fundamentales del Estado de derecho democrático al abstenerse de la práctica de actos administrativos incompatibles con la ley. Ley General de Telecomunicaciones. Más que eso, ha cumplido su deber de forma independiente al aplicar la ley para salvaguardar los intereses de los ciudadanos que son consumidores de servicios de telecomunicaciones, para lo cual fue instituido.

Dane Avanzi – Abogado y Presidente de Aerbras – Asociación de Empresas de Radiocomunicaciones de Brasil.

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